Antecedentes Históricos
Desde la antigüedad, las ferias han tenido enorme significación, tanto para el desarrollo del comercio y la industria, como para el intercambio cultural y el desarrollo cívico de los pueblos. En la Edad Media fueron el espacio público por excelencia, en el cual, además de los productos necesarios para la subsistencia, era posible encontrar las expresiones festivas de juglares y artistas populares, y la transmisión oral de los acontecimientos de otras comarcas. Tempranamente, las ferias se identificaron con la cultura y las fiestas del lugar donde se realizaba, pasando a ser el territorio un elemento distintivo fundamental de ellas.
En nuestro país, y sin perjuicio de los cambios de época y de circunstancias económicas y sociales, parte de esos rasgos perduran. La feria es, en esencia, el lugar en el cual se abastece de alimentos una parte importante de la población, pese a que la aparición de modernos sistemas de distribución alimentaria y de cadenas de supermercados las ha desafiado a modernizarse en todas partes. Las ferias están enfrentando ese problema, pero requieren contar con un marco jurídico que las reconozca institucionalmente y les facilite la tarea. En muchas partes del mundo, la legislación, fuera de este reconocimiento, fomenta su desarrollo como un elemento de identidad cultural de las ciudades y lugares que las albergan.
La expresión más desarrollada son las ferias europeas, ejemplo de cómo pueden utilizarse los espacios públicos de una manera armónica, limpia y eficiente en la venta de productos alimenticios, manteniendo, al mismo tiempo, una identidad cultural que da carácter a barrios enteros.
Para que ello se produzca, es necesario una política pública que impulse desarrollos legales, económicos y urbanísticos, y se generen las condiciones que hagan de las ferias una actividad económica moderna y parte importante del mobiliario de servicios urbanos.
El Gobierno recibió en fecha reciente, de manos de la Asociación de Feriantes de Chile, una petición tendiente a fomentar el desarrollo de las ferias libres en el país, conjuntamente con dos mociones parlamentarias. Una, impulsada por lo diputados Carlos Montes, Eliana Caraball y Carolina Tohá, y otra, por el diputado Pablo Longueira, orientadas a generar una legislación especial para el sector. Adicionalmente, el senador Andrés Zaldívar, ha expresado al Gobierno su interés porque se dicten normas que regulen la actividad. Ello es una prueba del interés que en todos los sectores concita una iniciativa como la presente.
Entre las peticiones que se han efectuado, está la de dotar a las ferias libres de un estatuto jurídico que les permita una mayor certidumbre en su vínculo con el municipio, y una base para acceder a distintos instrumentos de fomento y desarrollo que dispone el Estado.
Las mociones, recogían, cada una, parte de estas aspiraciones. Pero múltiples aspectos y problemas precisan para su solución una visión más integral y la voluntad expresa del Poder Ejecutivo. El Gobierno acogió la demanda y se comprometió a enviar al Parlamento un Proyecto de Ley, que fundado en el trabajo adelantado por la organización gremial de los comerciantes de feria, y por ambas mociones parlamentarias, contemplara una solución para el vacío legal en el cual se desenvuelven actualmente las ferias libres.
El presente Proyecto de Ley es el resultado de esa voluntad gubernamental.
La realidad social de las Ferias Libres
Si bien las Ferias Libres constituyen una actividad económica de carácter comercial en todo el país, sus principales problemas se presentan en las grandes concentraciones urbanas.
En efecto, en la Región Metropolitana existen alrededor de unas 40.000 patentes de ferias libres, las que sumadas a las que se han entregado a lo largo del país, alcanzan un total de 80.000, lo que las transforma en una importante fuente laboral. Una parte fundamental del abastecimiento de productos hortofrutícolas y del mar se hace en la feria libre, constituyéndose en el principal centro de abastecimiento de los sectores más modestos.
Sin embargo, es un sector económico y social que se desenvuelve en medio de enormes carencias. A partir de la derogación, en el año 1976, de la legislación que lo regulaba, la actividad de las Ferias Libres ha quedado sometida a las reglas generales del comercio y, en lo específico, al buen juicio de los Alcaldes, lo que genera incertidumbres e inestabilidades que impiden su desarrollo.
Parte de los problemas tienen que ver con el cambio de competencia de las autoridades políticas locales, originado por el proceso de regionalización y municipalización que, junto con entregar nuevas atribuciones a los municipios, cambió en muchas partes el mapa local, haciendo que un mismo grupo de feriantes debiera relacionarse con dos o mas autoridades municipales para el desarrollo de sus actividades.
La falta de un estatuto jurídico de las ferias libres hace que los enormes esfuerzos desarrollados en los últimos años por sus dirigentes gremiales, así como los programas de capacitación, mejoramiento de imagen y producción limpia realizados con apoyo de entidades gubernamentales como SERCOTEC y el FOSIS, se vean disminuidos en sus impactos.
Es evidente, entonces, la necesidad de un marco legal que entregue las certidumbres necesarias y facilite el uso de instrumentos que requiere el desarrollo futuro del sector. Ello permitirá atender adecuadamente los problemas, entre los que se cuenta la relación con los municipios, la organización económica y administrativa de la feria, las facilidades para el acceso a previsión y salud, el fomento a su actividad, entre muchas otras.
El Municipio y las Ferias Libres
Por otras parte, es necesario que la política de modernización y desarrollo del comercio de ferias libres se haga con una activa participación del Municipio, bajo la convicción que estamos frente a una realidad económica y cultural que va a permanecer como un importante hito en la cadena de abastecimiento alimentario de las ciudades.
Organismos internacionales se han pronunciado sobre estas materias. Así, por ejemplo, la F.A.O, a través de su programa Abastecimiento y Distribución de Alimentos en las Ciudades, ha solicitado a alcaldes, administradores de ciudades y planificadores urbanos que, junto con su natural preocupación por la vivienda, el transporte, la infraestructura y los espacios sociales, atiendan también de manera preferente los sistemas de comercialización de alimentos.
En nuestro país, el hecho de que se impulse al Municipio a asumir el fomento productivo como parte del Plan de Desarrollo Comunal, representa una oportunidad para generar una institucionalidad y reglamentación adecuadas para el desarrollo de las ferias, pues ello forma parte del fomento productivo de nivel local.
Esa orientación se recoge en este proyecto de ley, con disposiciones que dan mayor estabilidad a la relación entre la feria y el municipio, y permiten a la feria y a quienes las integran actuar organizadamente en las materias y áreas que les son comunes, de manera de ser representados no solo ante el municipio, sino, incluso, en la solución de problemas que trascienden las competencias municipales.
